.

Chile no está preparado para legalizar la marihuana

De nuevo se debatirá en la Honorable Cámara de Diputados el proyecto de ley que modifica el Código Sanitario y la ley N° 20.000, sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, con el objeto de legalizar el autocultivo de cannabis para el consumo privado, y despenalizar su expendio y cultivo para fines medicinales. Éste, a pesar de estar en tabla, no alcanzó a ser votado en las sesiones del pasado 14 de mayo y 3 de junio.

Diversas han sido las opiniones que han surgido, tanto desde el mundo privado como desde el mismo Estado, con respecto a esta decisión a la que parece que nos encaminamos como nación.

droga

Para aquellos que defienden la despenalización de la cannabis, este proyecto busca reducir el narcotráfico y los delitos asociados al tráfico de drogas, a la vez que pretende normar el uso de la marihuana como alternativa paliativa al dolor en ciertas enfermedades.

En tanto, quienes se oponen al proyecto, argumentan que las experiencias en países y Estados que han optado por este proceso no son del todo buenas y que las cifras de consumo en nuestro país ya son preocupantes, por lo que su posible legalización podría disparar aún más el consumo, sobre todo entre nuestros adolescentes. De acuerdo a datos del Senda, en nuestro país un 30% de los escolares consume marihuana. Más aún, hace justo un mes, la OEA alertaba en su Informe sobre el Uso de Drogas de las Américas 2015 del alto consumo de drogas entre los jóvenes chilenos, el más alto de toda la región.

Al margen de las razones valóricas, económicas y mediáticas de los distintos actores que tienen una opinión hoy en día, nos preocupa que este proyecto no aclare los mecanismos que se utilizarán para fiscalizar, por ejemplo, el consumo de marihuana en espacios públicos -algo que según esta iniciativa estaría estrictamente prohibido-, o normar escenarios donde su consumo es riesgoso. La razón esgrimida es que la fiscalización es resorte del ejecutivo.

Hacer las cosas de forma correcta no requiere de un gran esfuerzo sino de, simplemente, mirar los buenos ejemplos que al respecto existen en el mundo. Holanda, por ejemplo, tiene una política muy abierta hacia las drogas (no solo con la marihuana), pero ha sido capaz de normar de forma que el consumo en espacios no permitidos sea una infracción grave, al igual que el consumo en entornos laborales o la conducción bajo la influencia de las drogas.

Nos preocupa, por ejemplo, que en casi siete meses de vigencia de la Ley Emilia la fiscalización por consumo de drogas (no alcohol) entre conductores haya sido nula. De hecho, ni siquiera existe un reglamento en el que Carabineros pueda basarse para pesquisar este ítem.

Y nos inquieta, también, que la reforma al Código Laboral no contemple un “desincentivo” al consumo de alcohol y drogas, teniendo que según la ACHS el 29,4% de los accidentes laborales son causados por el consumo de estas sustancias.

¿Cómo es posible, entonces, evaluar una despenalización de consumo si ésta no va de la mano de una robusta normativa?